– Sheinbaum continúa combate inédito contra la corrupción: recupera concesiones mineras y sanciona a proveedores. – Enfocada en evitar daños al erario público y sancionar a responsables, la política anticorrupción de la presidenta de México hoy se extiende a empresarios, funcionarios y demás personajes que en otros momentos parecían intocables.
por Carlos Montesinos y Linaloe R. Flores | Reporte Indigo | Imagen Arte: Reporte Índigo Staff| 16 de Febrero de 2026 00:02 hs
Con una ofensiva directa contra viejas prácticas de opacidad, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha una estrategia integral para combatir las irregularidades en la administración pública federal.
El plan, que involucra a diversas dependencias y arranca desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, busca no sólo sancionar el daño al erario, sino también recuperar bienes públicos y fincar responsabilidades a actores que durante años permanecieron intocables.
La nueva ruta anticorrupción combina vigilancia, revisión de contratos y actualización de concesiones bajo marcos legales recientes, como la Ley de Aguas aprobada a finales del año pasado y la Ley Minera emitida en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Con ello, el Ejecutivo federal busca cerrar espacios a la discrecionalidad y reforzar el control sobre sectores estratégicos históricamente señalados por irregularidades.
Recuperan 1,126 concesiones mineras
El pasado jueves, la primera mandataria y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dieron a conocer que el Gobierno mexicano recuperó hasta el momento mil 126 concesiones mineras que representan más de 889 mil hectáreas de territorio.
Los criterios para recuperar estas concesiones fueron el adeudo de pagos de derechos por los últimos dos años, como marca la ley; que no hubiera actividad de exploración en los territorios marcados o que los títulos fueran utilizados solo para especulación financiera.
Apenas un 10 por ciento de los casos correspondió a actividad minera ya en marcha que involucró a poderosos conglomerados como Industrias Peñoles, parte de Grupo Bal de la familia Bailleres, y Minera Autlán, de la familia Rivero González.
Las concesiones recuperadas se concentran principalmente en los estados de Sonora, Durango y Coahuila, de alta actividad minera, si bien también hubo un número importante de hectáreas en entidades como Jalisco, Zacatecas y Chihuahua.
En ese sentido, también se destacó que, de las concesiones recuperadas, 713 estaban localizadas en 249 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas. Por lo que ahora se garantizará que no haya actividad minera en estas zonas.
Contra irregularidades en el uso del agua
En su siguiente mañanera, la presidenta Sheinbaum anunció que el pago por concesiones de agua aumentó en 2025 en 3 mil millones de pesos producto de la reforma y se proyecta que este año se alcancen los 7 mil millones, recursos que serán invertidos en infraestructura hídrica.
Esto puso fin a otra práctica irregular por parte de los concesionarios, que consistía en “transmitir” de una empresa a otra para evitar los pagos correspondientes por el uso de agua para sus respectivas prácticas.
Al respecto, aseguró que esta regulación no ha afectado la actividad productiva, sino que, por el contrario, sirve para facilitar la transparencia y la certeza jurídica de los concesionarios más allá del uso de agua para grandes actividades industriales.
“El año pasado aumentaron el pago de derechos de agua y no de los pequeños productores, porque ellos no pagan agua, ni tampoco de la gente, esa agua está concesionada a los municipios, pero del pago de las empresas”, expresó.
El comentario de Sheinbaum hizo referencia al Decreto de Facilidades Administrativas emitido en septiembre, para regular las concesiones otorgadas a estados, municipios y pequeños productores agrícolas y pecuarios.
En aquella ocasión, se dio a conocer que el Gobierno federal había revisado más de 536 mil concesiones, de las cuales 163 mil 689 ya estaban vencidas. Por lo que se recuperaron sobre cuatro mil millones de metros cúbicos de agua.
La ‘megacompra’ de Birmex
Junto a estas medidas en materia de concesiones, la administración de Sheinbaum también cambió la manera en que se realiza otro de los aspectos más polémicos del Gobierno federal: las compras consolidadas por grandes cantidades de dinero.
Este cambió llegó casi por obligación hace poco menos de un año, cuando la compra consolidada de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex) presentó una serie de irregularidades que de inmediato sonaron las alertas.
Entre descubrimientos de costos inflados para abastecer los medicamentos e insumos para el periodo 2025-26 y señalamientos de una trama para beneficiar a determinadas empresas en el proceso de adjudicación, la “megacompra” terminó por caer.
Como se reportó en su momento en Reporte Índigo, Laboratorios PiSA SA. de C.V. se perfilaba como el ganón de la trama. Pues acababa una quinta parte de los contratos asignados, tan sólo los 10 más grandes significándole ingresos por encima de los 50 millones de pesos.
Al final, el escándalo de la megacompra fue el primer gran reto de Raquel Buenrostro al frente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La cual determinó anular por completo el proceso en abril, advirtiendo un posible daño al erario por 13 mil millones de pesos.
Además de la investigación por irregularidades, también se revisó la responsabilidad de funcionarios pues, como reconoció la misma Sheinbaum, “hubo colusión con algunas empresas” para montar la trama de la megacompra.
Esto llevó a la remoción de Iván Olmos como director de Birmex, siendo sustituido por Carlos Ulloa, cercano a Sheinbaum desde que fue jefa delegacional de Tlalpan, así como de otros cuatro directores y altos funcionarios de la dependencia.
Para septiembre, en comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que el 99 por ciento de los medicamentos e insumos solicitados para el periodo 2025-26 fueron abastecidas a un costo de 297 mil millones de pesos.
Golpe anticorrupción: 129 casos
El 28 de noviembre de 2024, con 95 votos a favor, Raquel Buenrostro Sánchez fue nombrada por el Senado de la República como secretaria de la Función Pública, dependencia que estaba en tránsito de transformarse en Anticorrupción y Buen Gobierno. Un día antes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que ordenaron el cambio.
No solo se trataba de un cambio de nomenclatura. Otra ley, la promulgada el 20 de diciembre de ese mismo año, ordenaba que la instancia asumiera las funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que estaba en vías de extinción.
El entablado estaba puesto. Surgía la dependencia en la que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo depositaría su impronta en combate a la corrupción. Desde entonces, el brazo sancionador de la dependencia a cargo de Buenrostro Sánchez no se ha detenido.
Entre noviembre de 2024, hasta ahora, 129 empresas proveedoras han sido multadas e inhabilitadas; es decir, a un ritmo de 8.5 por mes, de acuerdo con una extracción de datos de la misma SABG.
El monto en multas a compras públicas con anomalías, en la gestión de Buenrostro Sánchez, suma hasta el cierre de esta edición 75 millones 695 mil 983 pesos. En cuanto a las inhabilitaciones, las mayores son de dos años.
En esta lista de proveedores amonestados por actos de corrupción la mayor multa, de 1 millón 888 mil 527 pesos, la tiene Multiservicios & Mantenimiento Alex, S.A. de C.V. porque incumplió un contrato con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La segunda es Semalyn, con 1 millón 866 mil 960 pesos, porque manipuló listados del Sistema Único de Autodeterminación de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; además del retiro, la cesantía y la vejez. Como tercera aparece Advance Elevadores Acapulco S.A. de C.V., con 1 millón 423 mil 129 pesos, que incumplió un contrato con el ISSSTE.
Las acciones sancionadoras se incrementaron entre diciembre del año pasado y enero de este año. En ese periodo, 30 compañías recibieron la amonestación de la SABG.
En los actos de corrupción cometidos, meritorios de sanción, predomina la falsificación de documentos sobre las posibles fallas en los servicios. Las compañías se han presentado a las licitaciones con documentación espuria ante el IMSS, certificaciones falsas sobre confianza como empresas sociales y hasta papeles hechizos para importar productos de países con los que México no tiene convenios comerciales.
Meta de Sheinbaum: cero impunidad
Complementando la política anticorrupción del Gobierno federal está la postura de cero impunidad que llevó al Gabinete de Seguridad a lanzar el denominado Operativo Enjambre apenas Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia.
El impacto de este operativo se refleja en conjuntar las estrategias de seguridad pública y de combate a la corrupción. Así como el de llevar al nivel local los esfuerzos del Gobierno federal por detener las prácticas irregulares de los funcionarios.
El Operativo Enjambre volvió a acaparar las miradas nacionales el pasado 5 de febrero, cuando fue detenido Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, junto con sus directores de Seguridad Pública y de Catastro y predial en el Gobierno local.
Los hasta entonces funcionarios fueron vinculados a proceso por crimen organizado acusados de haber planeado el secuestro y tortura de un aspirante a la presidencia municipal, así como de estar coludidos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Con Rivera Navarro, suman 14 presidentes municipales detenidos en el marco del Operativo Enjambre. Cuatro de ellos en el Estado de México, mismo número que en Puebla; dos más en Jalisco y en Chiapas; así como uno en Oaxaca y otro en Tlaxcala.
Las detenciones de alcaldes comenzaron en el Estado de México desde noviembre de 2024, un mes después de que Sheinbaum asumió la Presidencia de la República, cuando fue capturada la presidenta municipal de Amanalco.
María Elena Martínez fue acusada de estar vinculada con La Familia Michoacana y de ordenar los homicidios del primer síndico municipal y su escolta. Por lo cual fue condenada a 70 años de cárcel por el cargo de homicidio calificado.
Tan sólo en el Estado de México, el Operativo Enjambre suma un total de 60 personas detenidas, incluyendo funcionarios y exfuncionarios públicos, por cargos de corrupción, extorsión y crimen organizado. De los cuales, 17 ya recibieron sentencias condenatorias.
Si algo ha llamado la atención es que, de los 14 alcaldes detenidos, cinco fueron postulados por Morena. Contrastando con los cuatro del bloque PRI-PAN-PRD o los tres de Movimiento Ciudadano, en tanto que el Partido Verde y el local Chiapas Unido tienen uno cada uno.
La propia presidenta Sheinbaum abordó este tema tras la detención de Rivera Navarro, argumentando que “ningún partido político, y menos Morena, puede servir como un paraguas para delinquir o para corromperse”.
